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DEBATE

A los juzgados, colega Bona


JOAN FONT ROSSELLO

Tras el artículo publicado en EL MUNDO (9-02-04) de quien fue director de Ràdio Marratxí, Rafael Company, poco resta añadir a lo dicho ya en relación a la miserable actuación de Carles Bona, director general de Tecnología y Comunicación durante el Pacte de Progrés, responsable del cerrozajo de Ràdio Marratxí y del «passa-tout» de SomRàdio.


La clarificación de Company de las excusas vertidas por el colega Bona en la carta de descargo que me dirige (23-01-04) pone de manifiesto que no sólo no exageré en mi primer artículo (16-01-04) sino que me quedé corto. Al final queda claro que Bona quiso multar con 100 millones a Rafael Company y que sólo ante las presiones denunciadoras de este último, Bona accedió a rebajar la sanción al mínimo legal: 5 millones de ptas. Queda claro también que de hacer «parts i quarts», Bona es un consagrado especialista pese a presentarse bajo la égida de una salomónica ecuanimidad. «Dime de qué presumes y te diré de qué careces», martillea el refranero. Tampoco se sostienen por ningún lado las razones que aduce Bona de no cerrar de inmediato SomRàdio ante la denuncia del propio Company en junio de 2002. La primera razón de Bona es rocambolesca: como a Radio Marratxí la cerraron más de un año después de la denuncia de la Asociación Española de Radios Comerciales, había que hacer lo mismo con SomRàdio. Falso. Cuando el Govern Matas toma el poder a principios de julio de 2003, Bona no había tramitado ni el cierre de SomRàdio ni tampoco su legalización (el Govern Matas no tiene constancia alguna de ello) pese a haber transcurrido más de un año de la denuncia de Company (junio 2002). Es más, lo que Bona debería explicar de todo el «imbroglio» es por qué en julio de 2002, una vez conocida la denuncia por todas las partes, el PSM (Educació) y el PSOE (Innovación) se culpaban mutuamente de la situación ilegal de SomRàdio, como daba fe ya este diario el 2 de julio del 2002. Entonces Sampol afirmaba, «desde la dirección general de Comunicación no ha existido voluntad política para resolver este asunto y ahora, si no hacemos algo, nos quedaríamos sin la única radio-fórmula que emite en catalán». En cambio, «desde Presidencia se indicaba que si alguien ha cometido un error con SomRàdio ha sido Educació y que legalmente o se clausura la frecuencia o se constituye un ente público audiovisual pero que «no caben soluciones intermedias». ¿Por qué entonces el colega Bona se echó para atrás y no hizo ni una cosa ni la otra, optando por la única solución intermedia, es decir, no hacer nada? La respuesta de Bona es la de siempre: la sempiterna hipersensibilidad progre, último bastión al que se aferra nuestra izquierda cuando se le pone en evidencia. «Cerrar una radio es una cosa muy seria: hay unos trabajadores detrás, que merecen un respeto. Merecen que se agoten todas las vías, que se busquen todas las soluciones, antes de pasar a mayores» (Bona), pretexto que el propio Company califica de «cinismo superlativo» y más cuando de las soluciones alternativas de las que habla Bona nada sabían los empleados de SomRàdio cuando el pasado verano el Govern Matas se percató de los claros indicios de prevaricación en que se había incurrido por la pasividad de Bona.


Y ya para terminar, propongo a Rafael Company que nuestra recién estrenada amistad epistolar no se quede ahí. Sería una lástima no continuarla. Y que el siguiente paso en aras a afianzar la amistad que ya nos había predestinado el colega Bona (tan corporativista que es incapaz de concebir que uno pueda defender a un desconocido por «ética, justicia y decencia») sea llevarle a los juzgados.


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