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DEBATE

El cerrojazo de Ràdio Marratxí

RAFAEL COMPANY

No tengo el gusto de conocer a Joan Font Rosselló, pero es de agradecer su artículo del 16 de enero en el que recuerda, con pelos y señales, el antenicidio perpetrado por el Gobierno autónomo del Pacto de Progreso contra Ràdio Marratxí, emisora que tuve el honor de poner en marcha y de dirigir durante siete años.


Como las verdades ofenden, el director general de Tecnología y Comunicación de aquel gobierno, Carles Bona, se ha visto obligado a saltar al ruedo para intentar justificar la desvergüenza cometida y así lavar su mala imagen y peor conciencia. De ahí su respuesta del 23 de enero. Sin embargo, ha perdido una magnífica oportunidad de callarse: el remedio ha sido peor que la enfermedad.


Por un lado, le achaca a Font el no haberse puesto en contacto con él para llegar a un «arreglo» entre «colegas» y olvidar tan espinoso asunto. Y, por otro, da por supuesta una estrecha amistad entre Joan Font y yo, quizá porque su mentalidad corporativista le impide concebir que alguien pueda salir en defensa de un desconocido simplemente por principios de ética, justicia y decencia. Por eso mismo se siente agraviado cuando un «colega» de profesión lo critica a él públicamente, en vez de taparle las vergüenzas como mandan los cánones del compadreo político: hoy por ti y mañana por mí.


Nadie mejor que el propio Bona define su actuación política: «Al amigo, el c., al enemigo, por el c. y al indiferente, la legislación vigente». A mí quiso aplicarme la segunda opción sin contemplaciones, pero no con una multa de 37,5 millones de pesetas, como asegura, sino de 100 millones, la pena máxima, con el fin de que no pudiera volver a levantar cabeza. Como respuesta, le puse sobre la mesa un informe con más de una docena de emisoras que incumplen la Ley General de Telecomunicaciones con falta muy grave (cien millones de multa y retirada de licencia), y fue entonces cuando empezaron las rebajas en la sanción. Todas esas emisoras están denunciadas por mí, pero al tratarse de grandes cadenas, con influencias y conexiones políticas, Bona no movió un solo dedo para hacerles cumplir la ley. Eso, en buen mallorquín, es «fer parts i quarts».


Vista su actuación, dudo que los más de 25.000 oyentes de Ràdio Marratxí le merecieran ningún respeto. En cambio, los grandes empresarios de la radio, que han convertido el sector en un oligopolio al acaparar todas las licencias, no solo le merecen un respeto reverencial sino que además le producen un miedo cerval. Encima, para dar mal ejemplo desde la Administración, consintió interesadamente el paso de Som Ràdio, emisora pública montada por el Pacto de Progreso, a una frecuencia ilegal (98.0 FM), emitiendo además desde una ubicación y con una potencia ilegalizables.


El cinismo de Carles Bona es superlativo cuando le asegura a Font que sintió mucho clausurar Ràdio Marratxí porque «emitía íntegramente en lengua catalana -la tuya, la mía- como valiosa excepción en el dial de nuestras islas». Lo cierto es que «sa ràdio d'aquí» emitía en mallorquín normal, sin complejos, y no en ese catalán ortopédico que nos endilgan otros medios de comunicación y que constituyó la bandera político-lingüística de Som Ràdio. Los hechos cantan: ninguno de los grupúsculos que tanto han protestado por el cese de actividad de Som Ràdio movió un solo dedo cuando el Pacto de Progreso cerró Ràdio Marratxí.


Cuando hablo de «cese de actividad» en el primer caso y de «cierre» en el segundo lo hago a conciencia: en el caso de Som Ràdio, ha sido su propietario (el Gobierno autónomo actual) el que ha decidido dejar de emitir en vista de la situación de ilegalidad; en cambio, en el caso de Ràdio Marratxí, el Pacto de Progreso la cerró por la fuerza, aplicándome unas leyes que no se atrevió a aplicar a los demás, en un acto contra la libertad de expresión insólito en la España moderna.
Rafel Company fue director de Ràdio Marratxí.

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