DEBATE
El cerrojazo de Ràdio Marratxí
RAFAEL COMPANY
No tengo el gusto de conocer
a Joan Font Rosselló, pero es de agradecer su artículo
del 16 de enero en el que recuerda, con pelos y señales, el antenicidio
perpetrado por el Gobierno autónomo del Pacto de Progreso contra
Ràdio Marratxí, emisora que tuve el honor de poner en
marcha y de dirigir durante siete años.
Como las verdades ofenden, el director general de Tecnología
y Comunicación de aquel gobierno, Carles Bona, se ha visto obligado
a saltar al ruedo para intentar justificar la desvergüenza cometida
y así lavar su mala imagen y peor conciencia. De ahí su
respuesta del 23 de enero. Sin embargo, ha perdido una magnífica
oportunidad de callarse: el remedio ha sido peor que la enfermedad.
Por un lado, le achaca a Font el no haberse puesto en contacto con él
para llegar a un «arreglo» entre «colegas» y
olvidar tan espinoso asunto. Y, por otro, da por supuesta una estrecha
amistad entre Joan Font y yo, quizá porque su mentalidad corporativista
le impide concebir que alguien pueda salir en defensa de un desconocido
simplemente por principios de ética, justicia y decencia. Por
eso mismo se siente agraviado cuando un «colega» de profesión
lo critica a él públicamente, en vez de taparle las vergüenzas
como mandan los cánones del compadreo político: hoy por
ti y mañana por mí.
Nadie mejor que el propio Bona define su actuación política:
«Al amigo, el c., al enemigo, por el c. y al indiferente, la legislación
vigente». A mí quiso aplicarme la segunda opción
sin contemplaciones, pero no con una multa de 37,5 millones de pesetas,
como asegura, sino de 100 millones, la pena máxima, con el fin
de que no pudiera volver a levantar cabeza. Como respuesta, le puse
sobre la mesa un informe con más de una docena de emisoras que
incumplen la Ley General de Telecomunicaciones con falta muy grave (cien
millones de multa y retirada de licencia), y fue entonces cuando empezaron
las rebajas en la sanción. Todas esas emisoras están denunciadas
por mí, pero al tratarse de grandes cadenas, con influencias
y conexiones políticas, Bona no movió un solo dedo para
hacerles cumplir la ley. Eso, en buen mallorquín, es «fer
parts i quarts».
Vista su actuación, dudo que los más de 25.000 oyentes
de Ràdio Marratxí le merecieran ningún respeto.
En cambio, los grandes empresarios de la radio, que han convertido el
sector en un oligopolio al acaparar todas las licencias, no solo le
merecen un respeto reverencial sino que además le producen un
miedo cerval. Encima, para dar mal ejemplo desde la Administración,
consintió interesadamente el paso de Som Ràdio, emisora
pública montada por el Pacto de Progreso, a una frecuencia ilegal
(98.0 FM), emitiendo además desde una ubicación y con
una potencia ilegalizables.
El cinismo de Carles Bona es superlativo cuando le asegura a Font que
sintió mucho clausurar Ràdio Marratxí porque «emitía
íntegramente en lengua catalana -la tuya, la mía- como
valiosa excepción en el dial de nuestras islas». Lo cierto
es que «sa ràdio d'aquí» emitía en
mallorquín normal, sin complejos, y no en ese catalán
ortopédico que nos endilgan otros medios de comunicación
y que constituyó la bandera político-lingüística
de Som Ràdio. Los hechos cantan: ninguno de los grupúsculos
que tanto han protestado por el cese de actividad de Som Ràdio
movió un solo dedo cuando el Pacto de Progreso cerró Ràdio
Marratxí.
Cuando hablo de «cese de actividad» en el primer caso y
de «cierre» en el segundo lo hago a conciencia: en el caso
de Som Ràdio, ha sido su propietario (el Gobierno autónomo
actual) el que ha decidido dejar de emitir en vista de la situación
de ilegalidad; en cambio, en el caso de Ràdio Marratxí,
el Pacto de Progreso la cerró por la fuerza, aplicándome
unas leyes que no se atrevió a aplicar a los demás, en
un acto contra la libertad de expresión insólito en la
España moderna.
Rafel Company fue director de Ràdio Marratxí.
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