• El cerrojazo de Ràdio Marratxí
• No somos iguales ante la ley
• El doble rasero de los «antenicidas»
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EL AGORA
No somos iguales ante la leyJOAN FONT ROSSELLO
Ya va siendo hora de hacer justicia a las víctimas de la dictadura progrecatalanista del Pacte de Progrés. Me refiero concretamente a Rafael Company, el propietario de Radio Marratxí. La polémica suscitada por el catalanismo en torno a SomRadio me ha llevado, circunstancias de la vida, a un estudio comparativo entre los casos de SomRadio y Radio Marratxí. La escenificación victimista de unas gentes a las que, como bien le recordé a la consellera pesemera Bujosa en el debate del Consell, bien merecen la genial máxima de La Rochefoucauld: «Es tan fácil engañarse a uno mismo sin darse cuenta como difícil engañar a los demás sin que se den cuenta» (mala fe acompañada de escaso sentido del ridículo, por tanto) ha servido para percatarme de la desproporción en el trato de la Administración del Pacte de Progrés a las dos emisoras en cuestión. Examinados ambos expedientes, la analogía de ambas situaciones es evidente: dos emisoras ilegales denunciadas. Dos emisoras sin título habilitante de frecuencia autorizada (si bien Radio Marratxí ocupaba la provisional concedida al municipio de Marratxí). Y con denuncias en ambos casos por no tener dicha concesión administrativa (o sea, ni proyecto aprobado ni espectro radioléctrico autorizado por el Ministerio). La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (denuncia que no he encontrado en el expediente, por lo que me remito a las declaraciones del anterior director general de Ciencia y Tecnología del Pacto Carles Bona en el diario EL MUNDO) contra Radio Marratxí de Rafael Company. Y la misma Asociación Española de Radiodifusión Comercial y el propio Company (en dos ocasiones) contra SomRadio.
Como decía, pues, dos emisoras ilegales denunciadas. ¿Cómo actúa el socialista Carles Bona ante las dos situaciones?. Los expedientes no dejan lugar a dudas. Por una parte, cierre de Radio Marratxí e implacable persecución de su promotor Rafael Company, al que se le sanciona nada menos que con 37.5 millones de pesetas de multa. Por la otra parte, permisividad ante la continuación de la emisión ilegal de SomRadio, pese a las tres denuncias referidas, además de, ¡ojo!, amago de persecución contra el denunciante Rafael Company por haberse atrevido a acusar al Govern de «presunta prevaricación» en su denuncia, indicios por otro lado confirmados en un documento firmado por el mismo Bona en el que, tras reconocer la irregularidad de las emisiones de SomRadio en frecuencias no autorizadas, desestima abrir expediente sancionador e insta a emprender acciones contra el propio R. Company. Ver para creer.
Lo que me ha dejado estupefacto no es ya el trato distinto dispensado a unos y a otros (como decía Romero Robledo, «para los amigos, el favor; para los enemigos, basta con la ley») sino la saña y la mala sangre en la persecución de Rafael Company, por infringir la ley primero y por atreverse a denunciar la misma infracción de otros.
Distinto rasero que pone de manifiesto claros indicios de prevaricación y abuso de poder, cuando menos, amén de dejar bien a las claras las cuatro razones, del todo políticas, por las que Bona cerró Radio Marratxí: que tenía una considerable audiencia (para un socialista, tener éxito equivale a «ser privilegiado» y por tanto susceptible de ser perseguido), que era privada y comercial (egoísta e individualista, pecaminosa por tanto), que era mallorquinista (no sometida a los dictados del catalanismo oficial) y que iba por libre (independiente, pecado mortal para los intervencionistas socialistas).
Pecados que evidentemente no cometía la políticamente correcta SomRadio, de sumisa y complaciente obediencia, y que, al contrario de Radio Marratxí, hacía de la necesidad virtud.
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