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Opinión
Ràdio Marratxí y la legalidadANTONIO ALEMANY
Este periódico publicaba el pasado sábado un comentario editorial sobre el cierre de Ràdio Marratxí en el que, tras lamentar el cierre de una emisora, decía que la ley es la ley, que debe ser cumplida y que Ràdio Marratxí estaba en la ilegalidad y, en consecuencia, no podía ser presentada como una víctima de la libertad de expresión. Me gustaría poder responder a este planteamiento, y no sólo por razones de profunda discrepancia con sus contenidos, sino porque, a mi juicio, en la afirmación que hace el periódico está, por un lado, la coartada legitimadora de un impresentable cierre y, por el otro, la auténtica cuestión de fondo que afecta muy en serio a la libertad de expresión en su parcela radiofónica.
El cierre de Ràdio Marratxí no debe ser enfocado en términos de legalidad, sino de libertad de expresión. La «legalidad» en la materia es tan lamentable, tan violentadora de libertades básicas y tan poco convincente que, hasta el presente, nadie se la ha tomado en serio como ocurre siempre con las malas leyes. No se la han tomado en serio ni la Administración ni los propios jueces. Miles de emisoras han permanecido, y permanecen, en la «alegalidad», que es un eufemismo para no decir «ilegalidad», pero que resulta absolutamente pertinente en este caso. Cientos de televisiones, incluidas las de Baleares (todas), han transmitido y transmiten desde la más absoluta de las ilegalidades. Y, prácticamente todas las emisoras de radio -y cuando digo todas quiero decir, tal vez con una o dos excepciones, «todas»-, infringen la legalidad vigente. De forma escandalosa, pública y notoria. Nadie las ha multado y nadie las ha clausurado.
Con ello quiero subrayar dos cosas. Primera, que el incumplimiento sistemático y generalizado de la legalidad y la falta de celo administrativo y judicial en aplicarla demuestra que hay algo ahí que chirría y que choca frontalmente con valores superiores de nuestro sistema democrático, generándose una gran incomodidad entre los teóricos garantes de la legalidad. Lo que chirría es que, en materia radiofónica y televisiva, la libertad está lamentablemente intervenida y reglamentada, a través de un sistema de cuotas y de reparto del pastel, cosa que no ocurre con la prensa. Ignoro por qué extraña razón no puede montar una emisora de radio o de televisión a quien le venga en gana, tal y como puede hacerlo para montar una empresa periodística. El papel de la Administración debe reducirse al reparto de las frecuencias y a ordenar el espacio radiofónico y punto. Nada más. Lo que está ocurriendo ahora es un serio y grave atentado a la libertad de expresión, coartada en radio y en televisión a través de la limitación de crear empresas. Por esto los políticos decentes y los jueces escrupulosos ponen orejas de cónsul antes las frecuentes denuncias que se producen en la materia. Y por esto no entiendo que un partido como el PSOE haya protagonizado, instigado y animado este impresentable cierre, por muy fuertes que fueran las presiones de los fanáticos del PSM y del resto de las emisoras.
En segundo lugar, Ràdio Marratxí sí es una víctima típica de la libertad de expresión, por un lado, y de la incompetencia de las otras emisoras denunciantes, por el otro. Si la radio de Rafael Company no hubiera sido una voz independiente, indomable, mallorquina e incómoda, el Govern no hubiera movido un dedo. Es una clara y ostentosa víctima de la libertad de expresión. Y si Ràdio Marratxí no hubiera alcanzado los niveles de audiencia que ha alcanzado, no hubiera superado a las demás emisoras y no hubiera tenido la cartera publicitaria que tenía, el resto de las emisoras no hubieran instado su cierre que es la forma más cómoda de suprimir a un competidor. Con todos los respetos, me parece profesionalmente indigno el comportamiento de las emisoras.
Por último dos sugerencias a Rafael Company. Para levantar el cierre cautelar yo exploraría este principio de nuestra Constitución que se llama «interdicción de arbitrariedad» y que consiste, como dice Garrido Falla, «en tratar desigualmente situaciones iguales o viceversa». Y, para más adelante, exploraría el delito de prevaricación, no porque hayan clausurado la emisora, sino porque no hayan clausurado otras emisoras en igual o parecida situación. Dicho con otras palabras, o todos moros o todos cristianos.
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